La ex concesionaria que iba a construir el nuevo Camino a Farellones está pidiendo una millonaria indemnización, lo que es rechazado por el M.O.P (Ministerio de Obras Públicas
“No resulta procedente acoger una pretensión económica construida sobre cifras variables, inciertas y carentes de sustento contractual verificable. El monto solicitado debe ser categóricamente rechazado”. Con ese argumento los abogados del MOP -Pablo Muñoz y José Ignacio Cortés- cuestionaron la solicitud de la exsociedad concesionaria Ruta G-21, es decir, del camino a Farellones, al Técnico de Concesiones, que pidió el pago de US$ 32 millones por parte de esa cartera.
En enero de 2023 la firma ligada a Icafal y Conpax comunicó a la Dirección de Concesiones que se habían cumplido los requisitos para invocar la causal de extinción del contrato, por no haberse obtenido la calificación ambiental favorable del proyecto dentro de 24 meses de ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental.
Camino a Farellones en pleno invierno
En marzo de este año, la empresa presentó la discrepancia al de concesiones, que recomendó que el MOP debe pagarle UF 13.154, por el costo financiero asumido. También planteó que el MOP debe pagarle UF 803.827, que es -a su juicio- la diferencia entre el importe que ha reconocido el MOP como Monto de Restitución y el precio que habría resultado de haberse podido facturar el IVA de construcción desde el inicio de las obras.“Ambas pretensiones se basan en una interpretación errónea de las Bases de Licitación”, dijeron los abogados del MOP.
